Resumen: El recurso no impugna la ratio decidendi de la sentencia, que es que los demandados no contaban con autorización de la comunidad de propietarios para realizar las obras que realizaron, que además perjudican la visibilidad y la luminosidad de la vivienda de la actora. Legitimación del copropietario para el ejercicio de la acción dirigida a que se repongan los elementos comunes alterados, conforme a la STC 115/1999, de 14 de junio: «Cada propietario, pese a la representación orgánica que ostenta el presidente de la comunidad de propietarios, está legitimado para actuar en defensa de sus derechos en los casos de pasividad o incluso de oposición de la comunidad, por cuanto que la situación de propiedad horizontal no es propiamente una situación de comunidad, sino un régimen jurídico-real al que se sujeta la llamada «propiedad separada» (art. 396 CC) de los diferentes pisos o locales en que se divide el edificio o conjunto inmobiliario al que se aplica, y del que derivan los derechos, cargas, obligaciones y responsabilidades que la ley establece. Por ello, cada propietario debe estar facultado, en principio, para el ejercicio y defensa de sus derechos con independencia de los restantes propietarios, en términos y condiciones que no corresponde a este Tribunal precisar». La sala también ha admitido la legitimación de un copropietario para ejercer una acción frente a otro propietario por alteración de elementos comunes. Así, la STS 107/2024, de 30 de enero, en un supuesto en el que en la votación realizada en el seno de la junta se había rechazado ejercer acciones judiciales de remoción de las obras (si bien la sentencia no estima la acción de demolición porque las obras para la evacuación de humos realizadas se hicieron en el mismo trayecto ya existente, simplemente para adaptarse a las exigencias de la nueva normativa en materia de seguridad para la comunidad vecinal). Igualmente reconoce la legitimación de un copropietario frente a otro para que se declare la ilegalidad de las obras realizadas en la terraza comunitaria de uso exclusivo, con condena a demoler la obra y reponer la terraza a su estado original, por no contar con la autorización de la comunidad, la sentencia 787/2011, de 24 de octubre.
Resumen: Demanda de impugnación de acuerdo de junta de propietarios que requiere la retirada de punto de recarga de coches eléctrico, cuya instalación fue debidamente preavisada. Desestimada la demanda en primera instancia, la Audiencia Provincial estimó el recurso de apelación del demandante, con estimación de la demanda. Recurre la comunidad de propietarios en casación, y la Sala desestima el recurso, confirmando la resolución impugnada. Considera la Sala, con interpretación del art. 17.5 LPH, que la instalación de un punto de recarga de vehículos eléctricos para uso privado en el aparcamiento de un edificio en régimen de propiedad horizontal, siempre que se ubique en una plaza individual del garaje comunitario, no requiere otro requisito que su comunicación previa a la Comunidad de propietarios. Y, así, precisa la Sala que aunque el cableado para el suministro de energía discurra en todo o en parte por elementos comunes o deba quedar sujeto a los mismos, no se precisa la autorización de la Comunidad, salvo que se aprecie una afectación innecesaria o desproporcionada de dichos elementos comunes o pueda entrañar un perjuicio para los demás copropietarios.
Resumen: Demanda interpuesta por una comunidad de propietarios sometida al régimen de aprovechamiento por turnos, en reclamación de cuotas impagadas. La sentencia de primera instancia, confirmada en apelación, estimó la demanda y rechazó la prescripción de la acción opuesta por el demandado, al entender aplicable el plazo de prescripción previsto en el art. 1964 CC. Se estima el recurso de casación interpuesto por el demandado. La sala estima el recurso al considerar aplicable a las comunidades de propietarios sometidas al régimen de aprovechamiento por turnos la doctrina establecida en las SSTS 242/2020, de 3 de junio, 182/2021, de 30 de marzo, 769/2021, de 4 de noviembre, y 1197/2023, de 21 de julio: el plazo de prescripción para la reclamación de cuotas de comunidad es el de cinco años previsto en el art. 1966.3.º CC.
Resumen: Se interpone un recurso de casación por varios propietarios contra la sentencia dictada por la Audiencia Provincial , que había revocado la decisión del Juzgado de Primera Instancia, la cual había declarado la nulidad de ciertos acuerdos de la Junta de Propietarios relacionados con la aprobación de cuentas y presupuestos. Los recurrentes argumentan que la sentencia de la Audiencia infringe varios artículos de la Ley de Propiedad Horizontal, al considerar los recurrentes que los propietarios de trasteros deben contribuir a los gastos comunes del garaje, a pesar de que estos no tienen acceso a las zonas comunes de paso y maniobra. La Sala tras analizar los antecedentes, el título constitutivo, y la normativa aplicable, concluye que la interpretación de la Audiencia es correcta, ya que los trasteros tienen acceso independiente y no deben participar en los gastos del garaje, que son exclusivos para los titulares de las plazas de garaje. Por lo tanto, se desestima el recurso de casación interpuesto por la parte demandante, confirmando la sentencia de la Audiencia Provincial y manteniendo la decisión de que los propietarios de trasteros no están obligados a contribuir a los gastos del garaje.
Resumen: Vivienda protegida de la Comunidad Autónoma de Andalucía, sometida al régimen legal de la Ley 13/2005, de 11 de noviembre, de Medidas para la Vivienda Protegida y el Suelo, así como al Reglamento aprobado por Decreto 149/2006, de 25 de julio. La sala estima el recurso contra la sentencia que acordó la resolución del contrato de arrendamiento con opción de compra y confirma la sentencia de primera instancia que había declarado enervada la acción. La sala rechaza que se haya producido una infracción del art. 20 de la LAU de 1994 pues la normativa aplicable al contrato permite al arrendador percibir, además de la renta, el coste real de los servicios que disfrute la arrendataria y se satisfagan por la arrendadora, así como las demás repercusiones autorizadas por la legislación vigente. La sala reitera su doctrina contenida en las sentencias 707 y 710/2025, de 9 de mayo, en las que declaró que al no darse un supuesto de supletoriedad legal, no cabe aplicar el art. 20.1 LAU y sus exigencias normativas. Por el contrario, en aplicación de la doctrina contenida en la sentencia 1065/2024, de 23 de julio, concluye que en el caso no concurre causa suficiente para dar por resuelto el contrato pues el impago correspondía a cuotas de gastos de comunidad, la suma abonada, fuera del plazo de enervación de la acción, fue tan solo de 69,04 euros, que fueron satisfechos a la data de la celebración de la vista. Finalmente, la sala rechaza la pretensión de nulidad de determinadas cláusulas del contrato por abusivas, como son la concerniente a la constitución de un depósito para garantía de pago de las responsabilidades económicas asumidas por el arrendatario y constituida a la firma del contrato, que nada tiene que ver con la pretensión deducida en la demanda y cuyo control de oficio por tal causa es improcedente y, además, no articulada mediante una reconvención que sería inviable; otra cláusula proviene directamente de lo dispuesto en la ley, y la repercusión de los gastos de comunidad no implica desequilibrio de prestaciones y cualquier consumidor sabe en qué consisten y a qué responden, los cuales eran abonados, desde hace años, por la demandada.
Resumen: Se plantea en casación si concurren los presupuestos para que el condueño de una finca en régimen de propiedad horizontal pueda adquirir por usucapión la propiedad de una terraza. La C.P. aprobó un acuerdo requiriendo a la propiedad de una de las viviendas para que sus inquilinos despejasen la terraza existente en la cubierta del edificio y retiraran los enseres. La propiedad impugnó el acuerdo y ejercitó acción declarativa de dominio, que fue estimada en apelación, al entender la AP que la terraza, a diferencia de la cubierta en sí, era un elemento común por destino susceptible de desafectación, y que era un hecho probado que una parte de la terraza, antes denominada tendedero, se utilizaba de manera exclusiva por la parte demandante desde la adquisición de la vivienda, del mismo modo que la usaban también de forma exclusiva los propietarios anteriores. Desestimación del recurso de casación por causas de inadmisión. Causas absolutas y relativas de inadmisibilidad. Incumplimiento de los requisitos formales y carencia manifiesta de fundamento por alteración de la base fáctica, por alegar hechos nuevos (que el espacio "tendedero" no estaba en la cubierta), por no respetar como hecho probado que el acceso a la terraza era por la vivienda del demandante, y, por no respetar tampoco que esa parte de la terraza se venía usando de forma privativa desde su adquisición. Además, se hace supuesto de la cuestión al negar la buena fe del demandante y sostener que esa parte de la terraza era un elemento común por naturaleza.
Resumen: En la demanda que inició el procedimiento se ejercitó una acción de desahucio por falta de pago del IBI y la tasa de recogida de basuras. La sentencia de primera instancia desestimó la demanda, pero la Audiencia estimó el recurso y declaró la procedencia del desahucio por falta de pago, por entender que no era necesario determinar en el contrato de arrendamiento los importes anuales de IBI y la tasa de basuras, cuando estos tributos recaen de forma individualizada sobre la vivienda objeto del contrato de arrendamiento, como es el caso. La sala desestima el recurso y confirma la interpretación de la Audiencia del art. 20 LAU 1994. Considera que la mención que se contiene a los tributos en el primer párrafo del art. 20.1 LAU debe entenderse referida únicamente a los tributos «no susceptibles de individualización» que recaigan sobre el edificio en su totalidad y cuyo pago corresponda al titular del edificio, es decir, al único propietario del edificio o a los copropietarios cuando se trate de un edificio sometido al régimen de copropiedad ordinaria o al régimen de propiedad horizontal. Por el contrario, cuando se trata de «tributos» que están individualizados para cada una de las viviendas, no nos encontramos ante el supuesto al que se refiere el primer párrafo del art. 20.1 LAU. La sala concluye que en este caso en el contrato se previó de manera expresa que los arrendatarios asumían el pago del IBI y de las tasas de basuras, y así lo hicieron el primer año, pagando las cantidades correspondientes a tales conceptos. Tal pacto es válido y, puesto que, de acuerdo con los hechos acreditados por la sentencia recurrida a la vista de los recibos aportados por la actora, los importes anuales se encuentran individualizados para la vivienda arrendada, no era preciso para su exigibilidad que en el contrato se determinara el importe anual a la fecha del contrato.
Resumen: Infracción del art. 1-2.ª de la Ley 57/1968. La sala ha matizado que no incurre en la responsabilidad del art. 1-2.ª la entidad de crédito que no consta conociera que los ingresos realizados en una cuenta de la promotora en dicha entidad se correspondieran con anticipos a cuenta del precio de una vivienda en construcción por haber sido realizados dichos ingresos por un tercero, en concreto por una sociedad mercantil -por muchas, SSTS 503/2018, de 19 de septiembre, 411/2019, de 9 de julio, 623/2019, de 20 de noviembre-.
En el caso, ha quedado probado que los compradores-recurridos utilizaron sin justificación alguna una mecánica de pagos en virtud de la cual, fue un tercero, en concreto una sociedad mercantil, la que hizo ingresos en una cuenta de la promotora («no siendo lo relevante si esta cuenta era la indicada en el contrato ni su carácter», según precisaron las sentencias 745/2025 y 746/2025), sin indicar debidamente el concepto y la finalidad de dicho pago, que en todo caso lo sería a cuenta del precio de una vivienda distinta de la que fue objeto del contrato al que se refiere el presente litigio, celebrado más de dos años después. Este modo de proceder impidió que en la fecha de la transferencia ordenada los compradores-demandantes pudieran ser identificados por el banco recurrente como tales. Estimación del recurso de casación.
Resumen: Condenado el banco demandado, como avalista colectivo, a pagar al demandante lo anticipado a cuenta del precio correspondiente al contrato de compraventa suscrito con la promotora, más los intereses de la Ley 57/1968, la cuestión controvertida en casación se reduce a determinar cuál es el dies ad quem o día final del devengo de dichos intereses, toda vez que la sentencia recurrida, que confirma la pronunciada en primera instancia, fija su devengo hasta la fecha de declaración del concurso de la promotora, mientras que la parte recurrente solicita que dichos intereses se retribuyan hasta el completo pago de los anticipos. La sala recuerda el distinto régimen de responsabilidad de la avalista y de la entidad receptora de los anticipos y que los intereses, por su carácter remuneratorio, se devengan desde cada entrega. Pero con respecto a la cuestión relativa al dies ad quem o día final del cómputo del plazo del devengo de los referidos intereses cuando la promotora se encuentra en situación de concurso de acreedores, aunque la sala ha tenido tenido oportunidad de pronunciarse cuando es responsable el banco receptor (en el sentido de imponerlos hasta su completo pago), no lo había hecho todavía cuando la responsabilidad es del avalista. Por razón del carácter tuitivo de dicha ley y del carácter autónomo del aval, también en este caso procede que los intereses se devenguen hasta la devolución de lo abonado
Resumen: Se formuló demanda pidiendo la nulidad de las cuentas de dos ejercicios y del presupuesto de otro por considerar el condueño demandante que el sistema de distribución de gastos aplicado por la comunidad de propietarios demandada, basado en imputar los gastos a los portales que se benefician de cada servicio, en lugar de aplicar el criterio general de reparto conforme a los coeficientes de participación, no se ajustaba a la LPH ni al título constitutivo. La sentencia fue estimada en primera instancia pero desestimada en apelación, al considerar la AP que el título se remitía a la LPH, que la interpretación del título amparaba la atribución diferenciada de gastos a cada portal y que la LPH también lo permitía, al posibilitar aplicar el coeficiente cuando los gastos no son susceptibles de individualización, mientras que, cuando pueden atribuirse objetivamente a determinados portales, es legítimo emplear un reparto distinto. Según la sentencia 791/2022, el título constitutivo habilita la individualización de gastos (art. 9.1.e LPH), siempre que dentro de cada grupo se apliquen los coeficientes de participación. En consecuencia, procede estimar la demanda solo en parte, declarar la nulidad parcial de las cuentas y del presupuesto, a fin de que se rehagan respecto de los grupos III y V, de manera que, manteniendo los conceptos establecidos en los mismos y los obligados al pago, se distribuyan los costes según coeficiente de participación y no de forma igualitaria.
